Cuatro departamentos y un local ubicados en Lebensohn al 1800 estaban usurpados desde agosto de 2022. Tras una investigación a cargo del fiscal Luis Ferreyra, este lunes se realizó un megaoperativo con cerca de 80 policías. Si bien no hubo detenidos, sí se le restituyeron las viviendas a su legítima dueña.
Cuatro departamentos y un local de un complejo habitacional de Punta Mogotes que se encontraban usurpados desde agosto de 2022 fueron desalojados este lunes tras un megaoperativo que contó con la participación de unos 80 efectivos policiales.
El lanzamiento judicial ordenado por la Justicia de Garantías se realizó en la mañana de este lunes 18 de agosto en un edificio de dos plantas con siete departamentos, identificado como “SIMA”, ubicado en Lebensohn al 1800, a metros del Instituto Educativo Punta Mogotes y a unos 150 metros de la costa. La medida, dispuesta por la jueza de Garantías Lucrecia Bustos, respondió al requerimiento del fiscal Luis Ferreyra en el marco de una causa por usurpación.
Para ejecutar la orden, se montó un megaoperativo con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). El Municipio colaboró con un camión para el retiro de muebles y efectos personales encontrados en los distintos ambientes. Finalizadas las actuaciones, el inmueble fue formalmente restituido a su legítima propietaria.
Según informaron fuentes judiciales consultadas por LA CAPITAL, ninguna persona resultó detenida. Si bien entre quienes usurpaban los inmuebles había personas con antecedentes penales, ninguno registraba pedidos de captura activa. También se halló un pistola 9 milímetros, pero estaba declarada ya su dueño cuenta con permiso de portación para práctica de tiro, por lo que no se configuró delito respecto de ese hallazgo.
La causa se originó por ocupaciones ilegítimas registradas entre agosto de 2022 y febrero de 2023. En ese período, distintos departamentos del edificio SIMA y un local de planta baja fueron tomados, luego de que un grupo de personas violentara el ingreso y cambiara la cerraduras del acceso principal, lo que despojó a la dueña de la tenencia y uso del bien. Constancias fotográficas, inspecciones oculares e informes de servicio documentaron daños y modificaciones internas para facilitar el ingreso.
En la investigación de Ferreyra figuran también testimonios y reportes que dan cuenta de incidentes durante esos años en los que el lugar estuvo usurpado, como intimidaciones y amenazas hacia el abogado de la damnificada en el marco de una instancia de mediación, situación que motivó su renuncia para preservar su integridad. Ese conjunto probatorio respaldó el pedido fiscal y la orden judicial que derivó en el desalojo de este lunes.
Con la medida cumplida, el inmueble quedó en poder de su propietaria. Ahora restan peritajes y evaluaciones de daños, mientras se verifica el estado de conservación de los ambientes y se resguarda la estructura del edificio, situado en una zona escolar y a metros del mar.